En el día de ayer se publicó el “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Se contempla la movilización de 200.000 millones de euros para aprobar medidas de apoyo a las familias vulnerables, medidas de apoyo a los trabajadores, medidas de apoyo a las empresas y medidas de apoyo a la investigación para una vacuna contra el coronavirus.
A continuación se resumen las principales medidas:
Medidas sociales
- Se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
- Se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales, así como los servicios de telecomunicaciones; todo ello para las familias vulnerables.
- Se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades, estableciéndose una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.
Medidas laborales
- Los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis y se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.
- Se facilitan los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Aquellos ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo
- En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.
- Para el colectivo de autónomos se flexibilizará el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
Medidas económicas
- Se aprueba línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, permitiendo movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.
- Se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
- Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público; para ello se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.
- Continúan las medidas para facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía.
- Se dispondrá la inmediata puesta en marcha, a través de RED.es del Programa Acelera PYME, de apoyo a las PYMEs y la digitalización (Ver Anexo del Real Decreto Ley):
- Asesoramiento y formación para acelerar la digitalización de las PYMEs (Portal Acelera PYME, Ampliación de la red de Oficinas de Transformación Digital, Programa Acelera PYME-Talento)
- Soluciones tecnológicas para la digitalización y el liderazgo en I+D+i. Se impulsarán nuevas tecnologías en innovaciones en desarrollo de productos y servicios tecnológicamente avanzados.
- Para facilitar la financiación de este proceso de digitalización el Estado apoyará financieramente, mediante la financiación del instituto de Crédito Oficial ICO para las pymes la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos dos años más de 200 millones de euros.
- Se reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.
Medidas de apoyo a la investigación científica
- Se destinarán 30 millones de euros a la investigación para dotar al Instituto Carlos III y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de medios para investigar cómo hacer frente a esta emergencia sanitaria mediante la investigación de una vacuna frente al COVID-19.